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La Conferencia Episcopal Venezolana (CEV) expresó el domingo 10 de mayo de 2026 su “profunda consternación y dolor” por la muerte bajo custodia del Estado de Víctor Quero Navas el año pasado, reconocida esta semana por el Gobierno tras meses de búsqueda por parte de su madre, y exigió determinar las responsabilidades penales y administrativas.
En un comunicado difundido a propósito del Día de la Madre, la organización católica instó al Ministerio Público y a la Defensoría del Pueblo a “actuar con verdadera autonomía e independencia”.
“Es imperativo determinar las responsabilidades penales y administrativas de aquellos funcionarios que, por acción u omisión, permitieron que un joven venezolano muriera en el olvido, sin acceso a su familia y privado del debido proceso”, señaló.
La CEV se solidarizó con la madre, Carmen Navas, y dijo que ella “personifica el viacrucis de tantas familias venezolanas”.
“Su incansable búsqueda, marcada por el hostigamiento y la incertidumbre, es un grito que clama al cielo. La Iglesia se solidariza con el dolor de quienes buscan la verdad en medio de la opacidad institucional”, expresó.
Además, la conferencia recordó que el Estado “tiene el deber moral y jurídico irrenunciable de garantizar la vida e integridad física de los privados de libertad”.
Régimen mintió sobre su paradero
Por otra parte, señaló como “signos de una falta de transparencia y probidad” por parte de las autoridades que el preso político “haya fallecido en julio de 2025 mientras el Estado suministraba información contradictoria a su familia”.
“El hecho de que se negara su paradero en recintos como El Rodeo I, mientras ya había fallecido, constituye una falta gravísima a la ética pública. Esta ocultación deliberada configura elementos de desaparición forzada, un delito que la justicia no puede ni debe ignorar”, aseveró.
Con respecto a la exhumación realizada el viernes 8 de mayo de 2026, la CEV hizo un llamado a que expertos internacionales “validen los hallazgos para esclarecer la verdad, determinar responsabilidades penales por la desaparición forzada y detener la crueldad institucional que revictimiza” a la madre.
El Ministerio del Servicio Penitenciario confirmó la muerte el jueves 7 de mayo e indicó que se encontraba recluido en la cárcel El Rodeo I, cercana a Caracas, desde el 3 de enero de 2025, y que había sido trasladado a un hospital el 15 de julio del mismo año, tras presentar “hemorragia digestiva superior y síndrome febril agudo”.
Según un comunicado oficial, falleció casi diez días después por “insuficiencia respiratoria aguda secundaria tromboembolismo pulmonar”.
El mismo jueves, la Defensoría del Pueblo pidió una investigación exhaustiva e independiente y la Fiscalía anunció el inicio de las averiguaciones.
El viernes, la líder opositora y nobel de la paz María Corina Machado exigió la liberación de todos los presos políticos en su país “antes de que mueran más”, al condenar la muerte de Quero Navas.
Según ONG, 27 personas detenidas por motivos políticos han fallecido bajo custodia del Estado venezolano desde 2014.
