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No se trata de un caso excepcional. Ni de un hecho único, peculiar, que no puede relacionarse o compararse con otros hechos. Tampoco es el resultado de una secuencia inusual de omisiones. O de una desafortunada concatenación de errores en los que estuvieron involucrados un pequeño grupo de funcionarios. O de un crimen que uno o dos o tres cometieron y, a continuación, ocultaron a quienes le rodean, a sus superiores inmediatos, a los familiares de la víctima, a los medios de comunicación, a los defensores de los derechos humanos, a otras autoridades y al conjunto de la sociedad venezolana. No. Rotundamente no.
Lo que corresponde entender y asumir con todas sus implicaciones políticas, legales y hasta sociales, es que la muerte de Víctor Quero Navas es un crimen de Estado, en el que participaron con significativas cuotas de responsabilidad, decenas y decenas de funcionarios, varias cadenas de mando, titulares de varios poderes públicos, redes criminales y cómplices en la estructura militar, en la estructura policial, en los organismos de inteligencia, en los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, así como también en buena parte del llamado poder moral. Hablo de decenas y decenas de personas que tienen responsabilidades penales y morales, que deberían ser investigadas, enjuiciadas y castigadas por la ley.
Hay que añadir que lectores, ciudadanos, dirigentes de todos los sectores de la sociedad civil, académicos, miembros de los partidos políticos, funcionarios del Estado, integrantes de gremios profesionales y empresariales, agentes de los cuerpos uniformados del país, embajadores y otros funcionarios extranjeros que realizan funciones diplomáticas en territorio venezolano, activistas de ONG de la especialidad que sea, están llamados a seguir los hechos y sus repercusiones, desde el momento fatal en que un simple ciudadano, un hombre que vive de ejercer una de las profesiones más extendidas en la Venezuela de nuestro tiempo, la de comerciante informal, conocido por su actividad en las proximidades de la estación del metro de La Hoyada, en Caracas, de 51 años, de nombre Víctor Quero Navas, es detenido el 3 de enero de 2025 a unos metros del Hotel El Conde, en el centro histórico de la ciudad, bajo la modalidad de secuestro forzoso, sin cometer delito alguno que justificara lo ocurrido. Fue secuestrado y desaparecido.
Para responder a la pregunta formulada en el título de este artículo, sobre cuántos son los asesinos de Víctor Quero Navas, conviene preguntarse hoy y en los próximos tiempos, los siguientes asuntos:
¿Quién ordenó la detención de Víctor Quero Navas, siendo un trabajador, un ciudadano inocente? ¿Quién dirigió el operativo de detención, bajo la modalidad de secuestro y desaparición forzosa? ¿Quiénes son los funcionarios que ejecutaron el secuestro y desaparición forzosa, sin tener en sus manos, por ejemplo, una boleta de captura emitida por un juez? ¿Quiénes autorizaron el ingreso de un detenido de forma ilegal, sin cumplir con los procedimientos que reclama la ley, a las mazmorras del régimen?…
¿Quiénes ordenaron aislarlo y evitar todo contacto con su familia? ¿Quiénes ordenaron la denegación de su derecho a la defensa? ¿Quiénes fueron los torturadores de Víctor Quero Navas, los responsables de su muerte?
¿Quiénes son los cómplices que torcieron los hechos y en las más diversas instancias formaron parte de una increíble, perversa y numerosísima cadena de ocultamientos, simulacros, mentiras deliberadas y falsas explicaciones, para no informar a la familia, en concreto a su madre, que Víctor Quero Navas había sido asesinado en julio de 2025, seis meses después de su detención?
¿Quién emitió la boleta de defunción y que causa consignó como las responsables de la muerte?
¿Quién ordenó el entierro secreto, sin la presencia de sus familiares?
¿Quiénes ejecutaron la operación en el cementerio para deshacerse de sus restos y ocultar lo que había pasado?
¿Quiénes robaron a la familia de Quero Navas el derecho sagrado a enterrarlo y despedirlo con dignidad?
¿Quién ordenó mentir a la madre de Quero Navas, el día de su muerte?
¿Y al día siguiente?
¿Y dos días después?
¿Y tres días después?
¿Y por semanas y meses?
¿Quiénes son los funcionarios que recibieron estas peticiones de búsqueda, testigos directos de las diligencias de la madre, conminados por la desesperación de una mujer admirable, con sus 81 años a cuestas, que insistió, insistió e insistió, hasta que logró que la verdad saliera a flote?
¿Quiénes fueron los funcionarios que informaron a los altos mandos de la narco dictadura, el escándalo, la profunda amoralidad, el horror sin atenuantes de lo ocurrido?
*Este artículo se publicó originalmente en El Debate.
