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¿Qué hay que hacer con los autores de atrocidades tras la caída del régimen al que servían? Países de todo el mundo han enfrentado este problema, desde la Alemania posnazi hasta la Argentina posdictadura. Siempre es un proceso complicado y lleno de hipocresías.
Ahora es el turno de Siria. Hace poco detuvieron a Amjad Youssef, un hombre de 40 años que en 2013 participó en la matanza de unos 288 civiles, llevados a una fosa común con los ojos vendados y asesinados a tiros. Por desgracia para Youssef, los asesinos documentaron en una serie de videos el brutal acto (conocido ahora como la masacre de Tadamon, por el barrio de Damasco donde tuvo lugar).
Youssef, oficial de inteligencia militar bajo la despiadada dictadura de Bashar al‑Assad, merece ser procesado, aunque sólo sea para dar a los familiares de sus víctimas cierta idea de justicia. Pero eso no será el final de la cuestión: es posible que Youssef haya participado en otras atrocidades.
Peor aún, el presidente sirio Ahmed al‑Sharaa mantiene como asesores a otros presuntos criminales de guerra. Un ejemplo es Fadi Saqr, que está ayudando al nuevo gobierno a negociar con los rebeldes que quedan del régimen de Assad. Más poderoso que Youssef, Saqr comandaba una milicia acusada de haber tenido un papel importante en la masacre de Tadamon.
Todavía es posible que Saqr termine procesado, pero hasta ahora el gobierno lo protegió aduciendo una razón trillada: la necesidad de encontrar un equilibrio entre la justicia y la estabilidad. Las transiciones posdictadura pueden degenerar fácilmente en violencia sectaria o incluso guerras civiles, de modo que para asegurar que sean pacíficas, hay que apaciguar, cooptar e integrar al nuevo orden a (por lo menos) algunos miembros del antiguo régimen.
Por eso tras la Segunda Guerra Mundial, el general Charles de Gaulle fingió que todos los ciudadanos franceses habían sido patriotas intachables durante la ocupación alemana. Los juicios a quienes habían colaborado con los nazis (muchos de ellos miembros del régimen de Vichy) tuvieron que reducirse al mínimo.
Menos de diez años después de la guerra, el primer canciller de Alemania Occidental, Konrad Adenauer (que nunca había sido nazi), apoyó la excarcelación de los criminales de guerra nazis y llegó incluso a nombrar a algunos en su gobierno. Lo justificó diciendo: “El agua sucia no se puede tirar hasta que se tenga agua limpia”.
Respuestas como esa son claramente injustas, pero ¿podrá haber casos en que se justifiquen? El primer problema tras la caída de un régimen criminal es decidir a quién juzgar por sus crímenes. En el caso del Tercer Reich de Hitler, cientos de miles (quizás incluso millones) de personas habían sido cómplices de la persecución y el exterminio de los judíos. No sólo estaban implicados los torturadores y los asesinos, sino también los juristas que redactaron las leyes raciales, los profesores que las defendieron, los soldados que participaron en las matanzas e incluso los humildes administradores ferroviarios que se aseguraron de que los trenes llegaran a tiempo a los campos de exterminio.
Juzgarlos a todos era imposible: los tribunales habrían estado desbordados por décadas. Y en un país con un poder judicial corrompido por el régimen criminal, ni siquiera estaba claro qué tribunales tenían legitimidad para llevar adelante esos juicios. En cualquier caso, la purga masiva de una élite puede dividir a una sociedad en facciones enfrentadas y hacerla ingobernable, como ocurrió en Irak tras la caída de Saddam Hussein.
Por eso en 1945, las potencias aliadas decidieron juzgar por crímenes de guerra sólo a los líderes nazis y japoneses sobrevivientes (en Núremberg y Tokio, respectivamente). Pero muchos otros que habían colaborado con ellos desde la burocracia, el poder judicial, el mundo empresarial y las fuerzas armadas quedaron impunes. Incluso algunos líderes eludieron el castigo: muchos crímenes de guerra japoneses se cometieron en nombre del emperador Hirohito, pero Estados Unidos lo dejó en el trono para preservar la estabilidad política.
A los juicios por crímenes de guerra de Núremberg y Tokio se los acusó de imponer la “justicia del vencedor”, y hay quien dice que lo mejor hubiera sido que tribunales alemanes y japoneses juzgaran a su propio pueblo. Pero cuesta imaginar que eso funcionara. Como reconocieron De Gaulle y Adenauer, para reconstruir las sociedades destrozadas era necesario el apoyo de las élites aunque estuvieran mancilladas. En cualquier caso, más tarde los “vencedores” dejaron de juzgar a los criminales de guerra, cuando sus antiguos enemigos se convirtieron en aliados contra las potencias comunistas.
En realidad hubo juicios a los criminales nazis en los tribunales alemanes, pero no antes de los años sesenta, cuando la República Federal de Alemania ya era una democracia relativamente estable. Sin embargo, incluso esos juicios (contra responsables de campos de exterminio en Polonia) sólo lograron una justicia parcial. Aunque se encarceló a algunos de los peores malhechores, la mayoría de sus cooperadores menos violentos quedaron sin castigo. Es probable que fuera inevitable; la justicia perfecta es un sueño utópico.
Más importante que el castigo es una evaluación franca del pasado. La peor afrenta a las víctimas es olvidar lo que se les hizo. Pero recordar lleva tiempo. En Francia, no hubo una reflexión seria sobre el colaboracionismo hasta los años setenta, cuando el historiador estadounidense Robert Paxton publicó el clásico Vichy France: Old Guard and New Order, sobre el régimen títere del mariscal Philippe Pétain. En España, ahora que es una democracia se escribe más que nunca sobre las heridas de la Guerra Civil Española.
No hay que juzgar con demasiada dureza al nuevo gobierno sirio. Su primera tarea (extremadamente difícil) es evitar que el país caiga en una espiral de desorden y alcance nuevas honduras de violencia y depravación; y eso tal vez demande esperar un tiempo antes de una rendición de cuentas más completa por parte de los asesinos, torturadores y cómplices del régimen de Assad.
*Este artículo se publicó originalmente en Project Syndicate.
