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Hay momentos en la historia en que la ventana de oportunidad se abre —no de par en par, no con garantías, no para siempre— sino apenas lo suficiente como para que quienes la observan con atención y actúan con determinación puedan cambiar el curso de las cosas. Nicaragua está, hoy, ante uno de esos momentos.
La extracción de Nicolás Maduro del poder el pasado 3 de enero envió un mensaje que ninguna dictadura del hemisferio puede ignorar. El escudo de impunidad que otrora protegía a los regímenes dictatoriales de nuestra región se está resquebrajando. Para Ortega y Murillo, lo ocurrido en Caracas no fue simplemente la derrota de un aliado: fue un espejo. Venezuela representaba para el sandinismo no solo un modelo político de referencia sino también un proveedor de recursos, un respaldo en foros internacionales y un eslabón en la cadena de solidaridad entre autocracias. Esa cadena se está rompiendo. Y a ello se suma que Irán —aliado estratégico del régimen con vínculos que trascienden las meras declaraciones de hermandad revolucionaria— enfrenta una presión internacional inédita, mientras Cuba atraviesa su crisis más severa en décadas. Ortega y Murillo están más solos que nunca. Eso es una realidad. Y es una oportunidad.
Seré igualmente directo sobre algo que me parece fundamental: el principal aliado geopolítico que tiene hoy la oposición democrática nicaragüense es la administración del presidente Donald Trump, y en particular la presencia de Marco Rubio al frente del Departamento de Estado. Rubio sabe que el sandinismo no es solo un problema de derechos humanos, sino una amenaza real a los intereses de seguridad nacional de los Estados Unidos, por sus vínculos con China, con Rusia, con Irán y con el crimen organizado transnacional. Esa realidad nos obliga a trabajar con inteligencia y con urgencia para colocar a Nicaragua en el radar de Washington con la misma intensidad con que ha estado Venezuela o Cuba. Y en ese esfuerzo, la causa democrática nicaragüense debe basarse en una relación cercana e inteligente con la actual administración estadounidense, y a la vez reconociendo que un frente bipartidista es el que puede generar la presión más sostenida y eficaz.
Aquí debemos reconocer también que la historia reciente nos da lecciones duras. Esperar que la administración Trump nos haga el trabajo a nosotros los opositores, sería un error. Washington puede ejercer presión —y debe ser instado a ejercerla al máximo—, pero la construcción de la legitimidad de la oposición, la articulación de una propuesta viable y la cohesión mínima que se necesita para sentarse en cualquier mesa que importe son tareas que solo los nicaragüenses podemos resolver. Externalizar esas responsabilidades es abdicación política. Y los riesgos de esa abdicación son concretos y cercanos.
No veo hoy ninguna señal de que exista una negociación de fondo entre Ortega y el gobierno norteamericano, ni siquiera a través de los canales no oficiales que incluyen a los hijos del régimen. Pero sería ingenuo descartar que esa conversación pueda darse. Y si se da sin que la oposición nicaragüense esté mejor organizada, cohesionada y presente como interlocutor creíble, corremos el riesgo gravísimo de quedar relegados de un proceso que decidirá el futuro de nuestro país. Es, en esencia, lo que le ocurrió al menos hasta ahora y en momentos cruciales, a la oposición venezolana a pesar de su altísima cohesión alrededor de María Corina Machado.
Quizás es el espejo de la transición en Venezuela el factor principal que, en los últimos meses, ha estimulado una madurez creciente en distintos sectores de la oposición nicaragüense. Lo que unos ven como dispersión —que sí lo es— a mí me parece que también es una mayor claridad de varias organizaciones y líderes de trabajar con mayor pragmatismo y celeridad, en temas como la creación de una junta o comisión de transición, o que reconocen el papel que pueden jugar ciertos actores institucionales dentro de Nicaragua —incluyendo a los militares— en un eventual proceso de cambio. Vale la pena recordar que hace apenas unos años, esas mismas ideas eran consideradas anatema por sectores maximalistas de la oposición, que veían cualquier discusión sobre mecanismos concretos de transición como una capitulación inaceptable. En noviembre del año pasado, cuando la organización Unión Nicaragüense Autoconvocada (UNA), anunció que se transformaría en el partido Ruta del Cambio, para “estar mejor preparados para una eventual transición democrática”, recibimos fuertes señalamientos de voces de la oposición criticándonos por “adelantarse a los hechos”, por ser “apresurados” o “saltar al vacío”. Ciertamente, hay un cambio de actitud y la mayoría de los grupos serios de la oposición han hecho públicas sus propuestas de transición.
Dicho esto —y aquí está el nudo del asunto—, la mayor parte de esos esfuerzos cometen un error metodológico que Ruta del Cambio tiene la obligación de señalar con respeto, pero sin ambigüedad: se diseña la arquitectura de la transición sin responder primero la pregunta más difícil y urgente: ¿qué nos puede llevar a ella? ¿cómo se obliga a una de las dictaduras más brutales y tenaces de la historia del hemisferio a ceder su poder omnímodo? Diseñar la llegada sin resolver el despegue es un ejercicio técnicamente incompleto. Y el maximalismo —la ilusión de que el grupo que exige más condiciones es ipso facto el más legítimo— puede convertirse, paradójicamente, en la mejor coartada del régimen para no negociar con nadie.
Por eso, desde Ruta del Cambio insistimos en que hay tareas que debemos resolver ya, antes de que la ventana se cierre. Primera: la legitimidad política de la oposición no puede seguir siendo un tema inconcluso. Necesitamos un proceso de consulta amplia —una especie de primarias virtuales, verificables e inclusivas— que permita conocer con honestidad el peso político real de cada actor opositor. Segunda: debemos construir una coalición mínima funcional, no una fusión ideológica imposible, sino un mecanismo de acción conjunta con un objetivo compartido: el fin de la dictadura. Tercera: la oposición necesita producir un documento de consenso que establezca las condiciones de cualquier proceso de transición y que le permita hablar con una sola voz ante Washington, Bruselas y Madrid. Cuarta: debemos establecer canales seguros con la resistencia interna en Nicaragua, porque la liberación del país no puede ser conducida exclusivamente desde el exilio.
Y en todo esto hay que tener una certeza que la ciencia política comparada confirma sin excepciones: el tipo de transición que eventualmente se produzca dependerá, en lo esencial, de la correlación de fuerzas. Si la presión sobre el régimen es máxima, la transición será más amplia, más profunda y genuina. Si la presión es insuficiente, Ortega intentará ofrecer lo mínimo posible —una apertura cosmética, una trampa electoral— y la oposición tendrá que decidir si acepta las migajas o sostiene el pulso. La posición de Ruta del Cambio es que solo el diálogo con gestos claros, con precondiciones verificables y con la libertad de todos los presos políticos como condición de entrada merece ser llamado diálogo. Todo lo demás es teatro.
La ventana está abierta. No sabemos por cuánto tiempo. Lo que sí sabemos es que la responsabilidad histórica de lo que hagamos —o dejemos de hacer— en este momento será completamente nuestra.
