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Primero Washington adujo la lucha contra el narcotráfico, después fue el cambio de régimen y la democratización; ahora, alegan que es para recuperar el petróleo que los venezolanos dizque les robaron a sus petroleras. La razón por la cual las tropas estadounidenses secuestraron a Maduro no está clara; lo que sí está claro es que lo querían fuera del panorama.
Si la razón era la lucha contra el narcotráfico, Venezuela no es el principal exportador de fentanilo a Estados Unidos (es México), ni el mayor exportador de cocaína (es Colombia). El involucramiento venezolano en el tráfico de estupefacientes es de índole logística: es un lugar de paso de la cocaína colombiana, en su mayoría destinada a los mercados europeos. La coca que va a Estados Unidos transita por el Pacífico, y Venezuela no tiene costa en ese océano.
Si, por el contrario, la justificación era la democratización del país suramericano, el desconocer la victoria electoral de Edmundo González Urrutia y la legitimidad de María Corina Machado como figura clave de la oposición al chavismo demuestra que la democratización no era el objetivo de Washington. El presidente Trump y Marco Rubio, su secretario de Estado, por el contrario, se han decantado a favor de la vicepresidenta de Nicolás Maduro, una figura clave del chavismo, elegida en la misma papeleta que Maduro.
Y, finalmente, si la razón era el acceso al petróleo venezolano, Maduro ya le había ofrecido a Trump concesiones de acceso a los recursos petroleros.
Aparentemente, lo que Trump quería era el control absoluto de la riqueza venezolana, en el más puro estilo decimonónico —en particular, de los recursos petroleros— y obtener algún tipo de compensación por la cancelación unilateral de concesiones a empresas estadounidenses, decretada por Hugo Chávez. Recordemos que la nacionalización del petróleo fue negociada y pactada con las empresas petroleras extranjeras, que fueron debidamente compensadas en 1976 por el gobierno de Carlos Andrés Pérez, uno de los políticos socialdemócratas latinoamericanos de más alto perfil.
Maduro no es ningún santo: fue un dictador sanguinario. Acorralado por las sanciones, consiguió recursos de manera ilegal, vinculándose al narcotráfico y al lavado de dinero, y proporcionándole santuario a la narcoguerrilla colombiana. Pero él era solo la punta del iceberg; su poder, al igual que el de Hugo Chávez, su predecesor, reposaba en las Fuerzas Armadas. El régimen político venezolano no ha dejado de ser una dictadura militar, ahora encabezada por un civil, llámese este Nicolás Maduro o Delcy Rodríguez.
Aún está por verse cómo reaccionarán los militares —por lo menos aquellos verdaderos chavistas, imbuidos de socialismo bolivariano y de doctrina antiimperialista— a la estrecha colaboración que los norteamericanos esperan de la presidenta Rodríguez. Asimismo, está por verse qué actitud asumirán los grupos paramilitares armados, conocidos como colectivos chavistas. Queda una última incógnita: ¿cuál será la posición que asumirán los dos hombres más poderosos del régimen: Vladímir Padrino López, ministro de Defensa, y Diosdado Cabello, jerarca del Interior?
Este capítulo en la historia de las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela, claramente fuera de los cánones del derecho internacional, apenas empieza.
*Este artículo se publicó originalmente en La Nación de Costa Rica.
