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La “extracción” de Nicolás Maduro en Venezuela, después de un bombardeo militar de Estados Unidos, plantea nuevas interrogantes sobre el destino de la dictadora Rosario Murillo, sus hijos, y el Ejército de Nicaragua. Ella tiene otra vez la oportunidad de ofrecerle una salida a Nicaragua y a la comunidad internacional; sin embargo, como el avestruz, esconderá la cabeza y seguirá reprimiendo. La pregunta es si el futuro de Nicaragua depende de Trump, de Murillo, o del pueblo nicaragüense.
Las implicaciones para Nicaragua de esta intervención, que entró a la etapa transicional, aún no concluyen; sin embargo, las piezas clave, más que la vicepresidenta Delcy Rodríguez, es la alianza cívico-militar, en particular entre el general Vladimir Padrino y el número dos del régimen Diosdado Cabello
¿Es justificable la extracción de Maduro?
La extracción de Maduro y la neutralización de fichas claves es un resultado de los extremos de la radicalización de parte de la dictadura, que entre otras cosas rechazó el resultado de las elecciones de 2024, y las demandas de Estados Unidos de tener elecciones libres y justas (proceso que inició en 2022 como parte de la negociación de liberar presos a cambio de sanciones), de ignorar el peso de las sanciones impuestas, y de permitir la actividad transnacional del crimen organizado, como el narcotráfico y las pandillas (Tren de Aragua).
En el marco del derecho internacional, la intervención no es justificada; sin embargo, políticamente, el escenario más factible de transitar al proceso democrático indica que esta opción tenía más validez que negociar con Maduro, quien se burló de Estados Unidos y fomentó el fraude electoral, o dejarlo continuar en el poder, situación que acarrearía un deterioro crónico del país, con poco crecimiento, poco empleo, más migración, inestabilidad política y corrupción sistémica.
La condena moral y legal no es un asunto blanco y negro porque la presión internacional y nacional se topó contra un dictador que no quiso ceder y profundizó las prácticas corruptas, cleptocráticas, de crimen organizado y de violación criminal de derechos constitucionales –el moralismo internacional no puede obviar que Maduro ha sido acusado de crímenes de lesa humanidad, incluida por el Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
Ha sido Maduro quien con hechos le robó a Venezuela su soberanía –los miembros de su familia como en Nicaragua, son actores económicos que se han aprovechado de los privilegios de su autoridad para beneficiarse económicamente. Sin embargo, las próximas semanas representan una tarea pendiente de Estados Unidos y su relación con el ejército venezolano. La lectura literal de lo que dice Donald Trump sobre la sucesión de Delcy Rodríguez no es necesariamente lo que va a ocurrir, en tanto Estados Unidos aún puede formar parte de una transición democrática que no excluye a las figuras del presidente electo Edmundo González y la líder opositora María Corina Machado pero no garantiza una transferencia automática a ellos.
Los precedentes históricos, como el de Honduras en 2009-2011, muestran que la transferencia es improbable. Después de casi 20 meses del fraude electoral de Julio 2024, resalta que a estas alturas la probabilidad de otra contienda electoral es mayor que la transferencia de poder a González.
Las consecuencias para Maduro y lo que concierne a Murillo
La consecuencia inmediata de la extracción de Maduro y su esposa Cilia Flores tiene efectos directos sobre la familia del dictador y sobre el Ejército, ambos que son cómplices de la estructura cleptocrática. Por un lado, como en Nicaragua, los hijos de Maduro no estaban totalmente convencidos de la ruta seguida por sus padres. Ellos querían una especie de Plan B, pero mientras no tuvieran la capacidad de arriesgarse a proponerlo y de distanciarse directamente, se quedaron esperando cómodamente que las cosas siguieran. Ahora es muy tarde y han caído en desgracia. Para los hermanos Ortega Murillo, esta experiencia es un buen recordatorio de que lo pueden asumir como oportunidad para entrar a una etapa diferente a la ruta diseñada por sus padres. Al momento, entre el miedo y la sorpresa, se están escondiendo detrás de la paranoia de su madre.
En Venezuela, el proceso de estabilización queda en manos del Ejército, más que en Delcy Rodríguez cuya responsabilidad constitucional es hacia el pueblo venezolano. El papel de Delcy Rodríguez está condicionado por la advertencia de Estados Unidos de que ellos seguirán ahí con la presión militar y no cederán ante quienes se opongan a una transición. La interrogante es si los militares asumirán el rol de ser un vehículo de transición. Como en Venezuela, la interpretación de la Constitución está en manos de los militares del Ejército de Nicaragua.
Esto le concierne directamente a Rosario Murillo y al Ejército. A pesar de que Murillo cambió la función del Ejército y la Policía y los convirtió en agentes políticos con la reforma constitucional más reciente, el rol del Ejército sigue estando subordinado a la soberanía nacional. El artículo 83 estipula que el Ejército existe para defender la soberanía, la cual, en el artículo 1 de la Constitución, se estipula que reside en el pueblo y no en la codictadora. La responsabilidad del Ejército de Nicaragua es con el pueblo y no con los tiranos, y esta coyuntura es una advertencia y una oportunidad de repensar su rol y escoger de qué lado de la historia quieren estar.
Por el momento, Rosario Murillo ha instruido al Ejército y a la Policía a sacar a las calles a los encapuchados de la “policía voluntaria” para prevenir que el pueblo salga a celebrar la salida de Maduro. El Ejército no quiere otro abril de 2018, y aunque la Policía podrá estar dispuesta, también enfrenta mucha incertidumbre. Es importante que los nicaragüenses se informen minuto a minuto de lo que pasa y estén alerta frente a lo que Rosario Murillo pretende hacer y que los grupos cívicos tengan claridad de cómo organizar la resistencia popular en este momento.
¿Habrá intervención en Nicaragua?
La posición de Estados Unidos sobre Nicaragua es de hacer política hacia Nicaragua después de la muerte de Daniel Ortega—una visión que prevalece desde el período pos-COVID-19. Esta perspectiva es miope porque Ortega ya no tiene el control del poder y su muerte no tendrá mucho impacto sobre la continuidad autoritaria de Murillo. Sin embargo, Estados Unidos, el ejecutivo y el Congreso, están midiendo su política exterior con una línea de tiempo para el postergado proceso electoral de Noviembre 2027.
Quedan aproximadamente unos veinte meses para presionar a la dictadura para suspenda el estado policial y permita elecciones libres, y la línea de tiempo coincide también con la moratoria arancelaria. Este año es más crucial y va más allá de cancelar visas e incluirá el retorno a las sanciones, la continuidad del arancel del 18% que pone al país en gran desventaja porque los otros miembros de CAFTA-DR están nuevamente comerciando sin arancel, en medio de una contracción económica.
También abarcará otras presiones, sobre migración y deportación, remesas y acciones multilaterales, dado el hecho de que el giro a la derecha en la región pone a Nicaragua como “el malo de la película”, especialmente con Venezuela en otro foco de atención. Rosario Murillo se mantendrá como el avestruz evitando confrontar directamente a Estados Unidos y esperando que Trump no le dé importancia al país. Sin embargo, la agenda está definida para este año.
La batuta está en manos de los principales interlocutores del círculo de poder, y en particular del Ejército de Nicaragua, para aprovechar la coyuntura para retomar una ruta democrática para el país. El futuro de los hijos de los dictadores también está en juego, especialmente los que no quieren continuar la sucesión dinástica. Y sobre todo la lucha cívica tiene un rol determinante: profundizar la resistencia interna de manera que Rosario Murillo tenga que reconocer que el costo de oportunidad de seguir en el poder aumentará mes a mes, colocándola al borde del abismo.
