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Un colectivo de 1246 campesinos nicaragüenses tratan de obtener en apelación que los tribunales franceses reconozcan como válidas las decisiones de la Justicia de Nicaragua que condenó a tres compañías químicas a indemnizarlos por los daños que les causó un pesticida que fabricaban.
Esa cuestión se abordó el martes 18 de noviembre de 2025 ante el Tribunal de Apelación de París, al que esos campesinos han recurrido después de que en mayo de 2022 en primera instancia la Justicia francesa rechazara su pretensión para validar el dictamen que habían obtenido en Nicaragua, que hubiera tenido consecuencias también en todos los otros países de la Unión Europea.
El abogado que en 2018 inició el procedimiento en Francia, François-Henri Briard, se mostró “bastante optimista”, en declaraciones a EFE antes de esa audiencia que debería dar lugar a una decisión el próximo mes de enero.
Briard recordó que lo que reclaman es el cumplimiento de una sentencia que había sido confirmada por el Tribunal de Apelación de León en agosto de 2010 y luego por el Tribunal Supremo de Nicaragua, que entre 2011 y 2013 rechazó los recursos de las tres compañías encausadas, Dow Chemical, Shell Oil y Occidental Chemical.
Muchos ya murieron
Según sus cálculos, incluyendo los intereses por los retrasos, las indemnizaciones iniciales de unos 800 millones de dólares subirían ahora unos 2000 millones. El letrado hizo notar que un tercio de los demandantes ya han muerto.
Los jueces nicaragüenses habían considerado demostrado que las tres empresas vendieron en el país el pesticida conocido como DBCP, que también se comercializó con los nombres Nemagon y Fumazone, después de que se hubiera prohibido en Estados Unidos en noviembre de 1979 por los efectos dañinos para la salud de las personas.
Se siguió utilizando para tratar las bananeras hasta 1985 y no fue prohibido en Nicaragua hasta 1993. Los magistrados del tribunal de Chinandega consideraron demostrado en su dictamen que los campesinos nicaragüenses que trabajaban en esos cultivos sufrieron a causa del pesticida diversos tipos de cáncer, esterilidad y lesiones en diversos órganos.
Ante la negativa a aceptar esas conclusiones por parte de la Justicia de Estados Unidos, que sospechaba que detrás había prácticas corruptas, las víctimas decidieron llevar el caso a Francia.
Se ampararon para eso en el principio jurídico del exequátur, utilizado sobre todo en los casos de divorcio para que se reconozca una sentencia extranjera.
Briard indicó a EFE que había elegido Francia porque en caso de validación los demandantes podrían hacer valer sus derechos a indemnización en todos los países de la UE y porque le “parecía natural” ya que la Justicia nicaragüense había aplicado principios del derecho francés de responsabilidad civil.
El letrado señaló que ya han identificado activos de las tres empresas en la UE que podrían ser objeto de incautación para responder a las indemnizaciones si ganaran la causa.
Lo que verá Francia
El Tribunal de Apelación de París no va a examinar el fondo del asunto, sino únicamente si se dan las condiciones de aplicación del exequátur, que son tres y la primera de ellas si la Justicia nicaragüense podía ser competente en esta demanda.
Las otras dos son si el proceso en Nicaragua se desarrolló conforme a las reglas de orden público y si no fue fraudulento como afirman las empresas.
En 2022, el Tribunal Judicial de París había dado la razón a Dow Chemical, Shell Oil y Occidental Chemical por considerar que estaban en su derecho de someterse únicamente a las jurisdicciones estadounidenses, lo que privaba de toda competencia en este contencioso a los tribunales nicaragüenses.
Briard avisó de que si pierden ante el Tribunal Correccional de París, recurrirán ante el Tribunal Supremo francés y está convencido de que las empresas harán lo mismo.
Acusan a tres empresas de “maniobras fraudulentas”
El grupo de los 1246 recolectores de bananas nicaragüenses acusaron a las tres firmas estadounidenses de “maniobras fraudulentas” para evitar que la condena en Nicaragua contra ellas por contaminación por pesticidas DBCP en la década de 1980 pueda ejecutarse al menos en la jurisdicción francesa.
Durante la vista celebrada en el Tribunal de Apelación de París, los abogados de las empresas encausadas, Dow Chemical, Shell Oil y Occidental Chemical, pusieron en tela de juicio la imparcialidad de la decisión judicial en Nicaragua y aseguraron además que el caso está prescrito.
“Esperamos que el sufrimiento de esta gente humilde sea por fin reconocido e indemnizado”, declaró David-Olivier Kaminski, uno de los abogados de los demandantes nicaragüenses quien mostró ante la presidencia del Tribunal las fotos de los campesinos afectados, de los que un tercio ya han fallecido, mientras que los que siguen aún vivos no lograron desplazarse a la vista de hoy.
“Estamos hablando de un enorme fraude, con falsas víctimas, falsos testimonios”, replicó uno de los letrados de la defensa, quien insistió en la prescripción del caso según la ley nicaragüense, pues habrían pasado más de 10 años desde la primera condena de los hechos en 2006.
Este punto, sin embargo, es contestado por los abogados de la acusación, quienes consideraron que no hay prescripción aplicable, pues el Supremo de Nicaragua confirmó la pena contra las tres empresas en 2013 y en 2018 se inició en Francia el proceso exequatur.
Los letrados de las empresas también cuestionaron algunos de los efectos del uso de pesticidas, dando a entender que se exageraron, y echaron las culpas del manejo del producto a los empleadores de los bananeros, eximiendo a las empresas que lo han concebido.
La Justicia de Nicaragua dictaminó que quienes estuvieron expuestos a los productos DBCP -prohibidos en Estados Unidos desde 1979- sufrieron a causa del pesticida diversos tipos de cáncer, esterilidad y lesiones en diversos órganos.
