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A comienzos de este año tuve la ocasión de visitar los museos de Memoria de Santiago de Chile, Buenos Aires y Montevideo. Los tres se enclavan en las capitales de naciones que sufrieron crueles dictaduras: los chilenos/as, bajo la bota de Pinochet, de 1973 a 1990; los argentinos/as, regidos inicialmente por aquel triunvirato formado por Videla, Massera y Agosti, de 1976 a 1983; y los uruguayos/as, en forma de dictadura cívico-militar encabezada primero por los civiles Bordaberry y Aparicio Méndez, y después por el general Gregorio Álvarez, desde 1973 a 1985.
Los tres regímenes gozaron del apoyo incondicional de EE. UU. en la época en que Henry Kissinger era secretario de Estado bajo las presidencias de Richard Nixon y Gerald Ford. Recuérdese que EE. UU., con anterioridad a los golpes de Estado, había formado a los militares de estos países en “contrainsurgencia” y “lucha antisubversiva” en la Escuela de las Américas, en el Canal de Panamá. Las tres dictaduras se coordinaron entre sí y con otras, como la de Brasil, a través del Plan Cóndor, impulsado por la CIA, para vigilar, detener e incluso asesinar a personas opositoras sin importar el país donde se encontrasen exiliadas. Y en fin, las tres dictaduras disolvieron los parlamentos, prohibieron sindicatos y partidos políticos, ilegalizaron medios de prensa, despreciaron los derechos humanos y ejercieron el terrorismo de Estado torturando y ejecutando a miles de personas. Todavía hoy, un “pacto de silencio” entre los militares de los tres países impide conocer donde se encuentran los restos de numerosas víctimas desaparecidas.
Buena parte de estas historias las reconstruyen los museos de Memoria Democrática. El de Santiago, el más completo, con visitas cotidianas de grupos escolares, se ubica en el centro de la ciudad, en un moderno edificio inaugurado en 2010 por Michelle Bachellet, quien pronunció aquel día una frase rotunda: “No podemos cambiar nuestro pasado; sólo nos queda aprender de lo vivido”.
En el recorrido por sus salas pueden seguirse numerosas grabaciones, videos, documentos y fotografías que recogen las últimas palabras de Allende, los pronunciamientos de la Junta Militar, el “toque de queda”, el uso del Estadio Nacional como lugar de detención y tortura, y las luchas para conseguir la democracia. Se ofrece también información sobre el plebiscito que puso fin a la dictadura en 1988.
Además, recoge información sobre los atentados cometidos por la Junta Militar en el extranjero, como el de Carlos Prats, excomandante en jefe del Ejército chileno, quien, por encargo de la temible Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), sufrió en 1974 la explosión de una bomba en Buenos Aires que acabó con su vida; o el de Orlando Letelier, ministro de Relaciones Exteriores con Allende, asesinado en Washington con otra bomba en 1976; o el padecido por Bernardo Leighton, quien había presidido la Democracia Cristiana y fue baleado en Roma. Leighton quedó con severos daños en sus funciones cerebrales. La mano criminal de Pinochet era larga y gozaba de impunidad.
El corazón del museo es una sala desde donde se aprecian, en la pared de enfrente, las fotos de víctimas de la dictadura. Miles de fotos. Una pantalla permite acceder a una ficha con información sobre cada una de las víctimas. Allí se te saltan las lágrimas.
Y se cuenta algo menos conocido: cuando el régimen perdió el plebiscito de 1988 —el “No” ganó con el 56% de los votos—, Pinochet quiso mantenerse en la Presidencia. Pero Fernando Matthei, jefe de la Fuerza Aérea, antes de la reunión de la Junta Militar que ordenaría falsear los resultados dijo a los periodistas: “Tengo bastante claro que ha ganado el No”. Matthei contó en sus memorias que Pinochet pretendía asumir todo el poder y desconocer los resultados del plebiscito, pero ya nadie quería la dictadura. Aylwin, el candidato de la “Concertación”, ganó entonces las elecciones.
El Museo de la Memoria en Buenos Aires
Este Museo tiene la particularidad de haberse establecido en la ex Escuela Mecánica de la Armada (ESMA), donde había funcionado un centro de detenciones clandestino en pleno centro de Buenos Aires. En la entrada a la ex ESMA, se exhibe uno de los aviones utilizados para los “vuelos de la muerte”. Desde ellos se arrojaron al mar más de cuatro mil opositores vivos —a los que se sedaba previamente—, para que no quedasen huellas de los crímenes. Un militar, Adolfo Scilingo, confesó. Él mismo había participado en dos de esos vuelos.
Un panel explica que la ex ESMA fue un “Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio” y explicita su objetivo: “Recordar a las víctimas del terrorismo de Estado, preservar la memoria de los crímenes de lesa humanidad para evitar su repetición, y defender y promover los derechos humanos”. ¡Quién podría estar en desacuerdo!
El edificio destinado a “Casino de Oficiales” cumplía una doble función: “centro de tortura” y “espacio para la oficialidad”. Mientras en el tercer piso se amontonaban los presos y en el sótano se les aplicaban los tormentos, los pisos intermedios eran ocupados por los oficiales para sus tareas cotidianas. Y resulta que una única escalera comunica el sótano con los tres pisos, por lo que los uniformados se cruzaban a todas horas con los presos y presas esposados, encapuchados, ensangrentados y custodiados en su terrible deambular de arriba abajo. Imposible ignorar lo que allí ocurría.
Este Museo explica que “el golpe de Estado desarrolló una política represiva con un plan sistemático de desaparición y exterminio de miles de personas para desmantelar las organizaciones populares e implantar un nuevo modelo social, económico, político y cultural”. Así de claro! Para ello, se crearon por todo el territorio más de 750 “centros clandestinos de detención”. En la ESMA, el más importante, fueron torturadas unas cinco mil personas a la vez que miles de jóvenes seguían los estudios de la Armada.
Otros paneles explican las dificultades para juzgar a los dictadores cuando llegó la democracia. En diciembre de 1984, con Raúl Alfonsín ya como presidente, los integrantes de las tres primeras juntas militares fueron sometidos a juicio ante tribunales civiles —debido a la inacción de la justicia militar—, a pesar de que Bignone, el último presidente de facto de Argentina, había dictado un “Decreto de Autoamnistía” para los delitos cometidos durante la dictadura. Videla y Massera, acusados de crímenes de lesa humanidad, fueron condenados a reclusión perpetua.
Pero la historia no acaba ahí. Las presiones de las FFAA lograron una “Ley de Punto Final” y, en abril de 1988, los “carapintadas” del Ejército, encabezados por el teniente coronel Aldo Rico, se sublevaron y exigieron una amnistía general. Entonces, en 1989, el expresidente Menem decidió indultar a todos los militares procesados, incluidos Videla y Massera. Y la historia tampoco acabó ahí. Cuando Néstor Kirchner asume la Presidencia argentina en 2003, la Cámara Nacional de Apelaciones de Buenos Aires ordena la reapertura de los juicios por crímenes de lesa humanidad y el Congreso Nacional aprueba la nulidad de las leyes de Punto Final y de Obediencia Debida. Finalmente, en 2012, Videla fue condenado a 50 años de prisión (Massera había fallecido en 2010 y Agosti en 1997).
Los “milicos” argentinos, además de los crímenes de lesa humanidad y el robo de niños —a las prisioneras embarazadas las mantenían con vida hasta el momento del parto—, cometieron otras muchas fechorías de las que da buena cuenta el Museo. Entre ellas, despojar de sus bienes a numerosas personas detenidas y desaparecidas. Los robos se blanqueaban en inmobiliarias y empresas creadas por ellos y la propia ESMA contaba con un laboratorio de falsificación de documentos.
El Museo de Memoria de Montevideo
Situado en un predio alejado del centro, este Museo, por su modestia, más parece creado por alguna organización de derechos humanos o una ONG que por el Estado uruguayo. No obstante, además del golpe de Estado, incluye información sobre las grandes cárceles de la dictadura, como el “Penal de Libertad” —¡sí, con ese nombre!—, cuyas celdas vieron desfilar a 2873 prisioneros políticos; o como el Establecimiento Militar de Reclusión Número 2 por donde pasaron 700 detenidas políticas. Se estima que, en total, unas cinco mil personas fueron procesadas por la Justicia Militar uruguaya. Los paneles explicativos indican que 230 personas secuestradas durante la dictadura —de ellas, 117 en Argentina, a través del Plan Condor— siguen desaparecidas. Las multitudinarias marchas que se convocan cada 20 de mayo en Montevideo —“marchas del silencio”— exigen precisamente conocer su paradero.
La dictadura uruguaya, como expone el Museo, actuó también fuera de sus fronteras, con el secuestro y asesinato en 1976 del senador y exministro Zelmar Michelini, exiliado en Buenos Aires, y el del exdiputado Héctor Gutiérrez Ruiz, entre otras personas.
En fin, otros paneles y una buena colección de fotos dan cuenta de las vicisitudes del restablecimiento de la democracia en este país, lo que incluye el plebiscito de 1980, que perdieron los militares; el fin del presidio de Liber Seregni fundador del Frente Amplio, encerrado durante ocho años; la manifestación del primero de mayo de 1983, la cual llevaba prohibida diez años; o el acto multitudinario en el mismo año, convocado por organizaciones opositoras, que reunió a 400 000 personas en la capital.
Alguno de estos espacios, como la ex ESMA, está reconocido por la UNESCO como Patrimonio Mundial, una lista que comparte con otros lugares emblemáticos de la Memoria, como el “Campo de concentración y exterminio nazi Auschwitz-Birkenau”; el “Memorial de la Paz de Hiroshima”; “Robben Island” en Sudáfrica; o los “memoriales del Genocidio” en Ruanda. Y es también destacable que los tres museos forman parte de una “Red de Sitios de Memoria Latinoamericanos y Caribeños” (RESLAC) que reúne a 52 instituciones de trece países de la región: sitios históricos, memoriales, parques, museos… que se ocupan de recuperar las memorias colectivas relativas a los violaciones a los derechos humanos en períodos de terrorismo de Estado en América Latina.
Críticas a los museos de memoria
Desde su creación, estos museos han padecido fuertes críticas. La principal es la de una supuesta “parcialidad” al centrarse en las actuaciones de las dictaduras y ofrecer escasa información sobre el contexto político y social en el que se enmarcaron los golpes de Estado. Estas voces consideran que habría que explicar el deterioro de los procesos democráticos previos a los golpes, pues, afirman, la respuesta represiva de las dictaduras se explicaría por el “miedo al comunismo” desencadenado por las organizaciones revolucionarias. En un extremo de esa línea argumental aparece el “negacionismo” sobre los crímenes cometidos. Así, en Argentina, Milei está haciendo todo lo posible para suprimir la labor de la Secretaría de Derechos Humanos de la que depende el sitio de Memoria ESMA. Para horadar su labor, ha recortado su presupuesto y el número de funcionarios que allí trabajan.
Es difícil negar que los grupos armados de algunos partidos de izquierda tuvieron una parte de responsabilidad en la situación de deterioro político que atravesaron estos países antes de los golpes, algo que, ¿por qué no?, los museos de Memoria podrían recoger. Ahora bien, el desgaste a la democracia provocado por las fuerzas del establishment, al considerar en peligro sus privilegios, fue mucho mayor. Recuérdense las actuaciones de la “triple A” en Argentina —que provocó centenares de muertes—, el papel desestabilizador de la CIA en Chile o, en Uruguay, los fusilamientos por las FFAA de militantes comunistas en 1972, cuando todavía era legal, acusados de poseer armas.
En todo caso, el contexto previo a los golpes militares nunca puede servir como excusa para el terrorismo de Estado, el peor de los terrorismos. No hay nada comparable pues la primera función del Estado es precisamente proteger a la ciudadanía, en lugar de aterrorizarla o hacer desaparecer a miles de personas inocentes.
Como conclusión, la labor de los museos con sus fotos, grabaciones, documentales y objetos —incluso un avión— complementa la de otros organismos e instituciones que buscan recomponer y difundir lo sucedido. Entre ellas, las comisiones de la verdad y reconciliación, como la de Chile, creada en 1990, la cual redactó el esclarecedor “informe Retting”; o la “Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas”, creada en Argentina en 1983 por el expresidente Raúl Alfonsín y presidida por Ernesto Sábato. “Nunca Más” se tituló su informe final. Sin duda, estos museos cumplen un gran papel en dar a conocer los hechos ocurridos, especialmente entre la juventud y el gran público; sobre todo, para tratar de que nunca más se repitan.
Quede, para la siguiente ocasión, el compromiso de responder a esta pregunta: ¿Debería contar Madrid, la capital de España, con un museo de Memoria Democrática hasta ahora inexistente?
*Este artículo se publicó originalmente en Mundiario.
